Tuesday, February 14, 2006

Tuesday, February 07, 2006

El fin de la legislación a distancia

Dr. Juan José Amondarain
Vicepresidente Primero de la
Cámara de Senadores de la
Provincia de Buenos Aires


La política argentina de los años noventa funcionó como un dispositivo automático y optimista que tuvo un objetivo compuesto de un deseo delirante y un voluntarismo que lo acompañó ciegamente como un apéndice acrítico y un poco zombi. El deseo delirante consistió en creer que se estaba abriendo “para nosotros” -es decir: que esta vez sí nos tocaba- una posibilidad de acceso irrestricto a los bienes, servicios y confort del Primer Mundo a un imaginario costo cero: que obteníamos todo a cambio de casi nada, en un operación de la fortuna lo suficientemente desinteresada como para que todo se encausara dentro de la dudosa lógica del milagro. La construcción mental del menemismo, una idea política tan arrogante que luego derivo en una especie de patología de la negación, terminó con la caída catastrófica de la convertibilidad. El error que, con reservas, podríamos llamar filosófico -digo con reservas, porque el menemismo fue una corriente antiaristotélica, basada exclusivamente en la práctica política como libre albedrío- fue el de no acompañar nunca la construcción mental, es decir la ficción menemista, con una construcción política que tuviera en cuenta el futuro histórico y una idea de Nación.
Hasta diciembre de 2001 (porque Fernando De la Rúa fue el presidente que representó al menemismo en extinción, amparado en la figura emblemática del Ministro Domingo Cavallo), la Argentina fue un país insular y autista, con la coartadas de la pertenencia global. A partir de entonces, de manera brutal, recuperamos un principio de realidad latinoamericana que habíamos perdido (que no quisimos ver durante diez años). Fue un shock violento y saludable de reintegración continental, un regreso luego del cual la sociedad volvió a reunirse con el paisaje amplio de la necesidad. Porque a diferencia de los paisajes sociales más explícitos de Brasil o Venezuela (nadie puede decir que no ha visto en esos países los barrios pobres de Caracas o Río de Janeiro), la pobreza argentina fue durante muchos años un paisaje reprimido, tabicado, desplazado discretamente sobre los márgenes del cuadro social, como si la geografía plana de la pampa contribuyera a ocultar la cultura de la pobreza con el auxilio de nuestra propia anuencia.
Las fallas geológicas de la economía liberal -al prefijo neo tan usado entonces le opondría el prefijo ultra o extra porque no fue nueva sino mayor- se manifestaron en forma masiva a partir del gobierno tambaleante de De la Rúa por la sencilla razón de que la política no funcionó nunca como dispositivo de contención de las depredaciones del capital menos contemplativo. La política no tuvo firmeza ni capacidad de respuesta para enfrentar el alud de lo que a esta altura podemos llamar “el reflujo del sueño argentino”. Pero si el menemismo fue un sueño, la salida no fue la delicada transición hacia un estado de vigilia: fue una pesadilla. Hubo una escalada de incertidumbre política, impotencia operativa y crisis de identidad que sólo pudo terminar con un baño de sangre y un cambio drástico del punto de vista. En vez de seguir oteando el horizonte del progreso exponencial e ilusorio, fuimos obligados a restaurar una mirada interior que, como suele suceder, es el primer instrumento del deseo fundacional (estas diferencias se dan también en el nivel de los sujetos, que tanto pueden mirarse a sí mismo o como imitar a otros).
Las cosas no cambiaron. Cambió la posición política para verlas y enfrentarlas. Esa inversión de la mirada política, que consistió en observar con más detenimiento la opacidad que el brillo artificioso del país, produjo un redescubrimiento sorpresivo. Argentina seguía siendo un país de América Latina; nunca había dejado de serlo, pero el hecho de volver a orientar la mirada sobre el paisaje de sus necesidades -y también de sus posibilidades genuinas- produjo una restauración de su identidad general, desplazando de paso la identidad fragmentaria sostenida durante los años noventa. Porque el colapso nacional incluyó una desconexión drástica de las rutas de acceso al delirio imaginario del confort y el progreso exponencial. La sensación que puede tenerse como recuerdos de esos años es que fuimos millones de argentinos viviendo fuera del país, es decir en un territorio virtual, construido por el deseo de pertenecer a otra cosa (otra especie, otra nacionalidad, otra suerte) pero también por una negación: la de resistirnos a formar parte de una tradición continental.
Desde 1989 el mundo fue sufriendo una serie de cambios, favorables y calamitosos, drásticos o parciales. La caída del Muro de Berlín, una situación ejemplar de descompresión política -y también de inclinación hacia un modelo de gestión estatal que puso en crisis los dispositivos de estado-nación de los países menos fortalecidos-, produjo una farsa de libremercado global; y donde había dos caras de una misma moneda termino imperando la moneda fatal de una cara sola. El síndrome de integración entre potencias económicas y países enclenques funcionó apenas unos años, un suspiro o una pequeña tos del tiempo histórico, que así como vino se fue. La política del nuevo capitalismo -el capitalismo de siempre pero más dañino por el recurso de la acumulación- se convirtió en una moda cuya corriente había que seguir. Y paradójicamente, el freno universal a esas costumbres imperiales de arrasar con las diferencias y las decisiones locales, fue una nueva calamidad, brutal e ingobernable, que inauguró un mundo-polvorín el 11-S. Lo que dejan estas experiencias son algunas pruebas históricas de que el progreso entendido como una línea que avanza en forma continua hacia el bienestar social es un invento...del progreso. Porque la historia, muchas veces, así como avanza, retrocede. Y la política, que a veces se parece mucho a un deporte de riesgo (un atleta surfeando las imponente olas de la historia), debe definir una posición que no funcione como una respuesta autista a los desafíos históricos, sino como una fuerza inteligente que tanto puede acompañar ese oleaje como resistirse a él. Esa posición firme que entra en tensión con el conjunto se llama soberanía, una palabra cuyo concepto, durante un tiempo, no remitió a nada.
Dentro de este marco de introducción suceden cosas notables, algo que podríamos considerar un salto cualitativo en los modelos de gestión más que en los estilos, tal como se ha supuesto últimamente. Vamos a tomar un hecho puntual: el desacuerdo acerca del ALCA en la Cumbre de las Américas realizada en Mar del Plata durante el mes de noviembre. Allí hubo un episodio que no se puede analizar con honestidad si no se tienen en cuenta la cantidad de elementos que lo constituyeron. Me refiero a la tensión, tan difundida como una guerra de nervios, entre las posiciones encontradas acerca del acuerdo; una, representada por el Presidente argentino, Néstor Kirchner; y la otra, por el tándem George Bush- Vicente Fox, presidentes de Estados Unidos y México, respectivamente. Lo primero que habría que señalar es que ese desacuerdo fue público y no una fricción mantenida en secreto por la lógica tradicional del conciliábulo. Parece un detalle pero no lo es. Por primera vez surge una tendencia inédita en el campo de la representación política: la voluntad de manifestar detalladamente una posición. Se trató de una operación moral basada en no ocultar el funcionamiento interno de esa materia hasta ahora secreta llamada política. Sin embargo, el Presidente Kirchner fue objetado por esa conducta por medio de la cual se desplazó el discurso, un poco cínico a veces, de la diplomacia, por la necesidad -y aquí deberíamos considerar social a esa necesidad- de producir una revelación. No se trató de una fricción especulativa o teatral, sino de un choque cultural con implicancias múltiples que pone en juego los alcances de la recomposición republicana. Porque lo que el Presidente argentino demostró en ese episodio es su voluntad -inspirada en la demanda ciudadana de que no haya separación entre el acto y el lenguaje político- de esclarecer, transparentar, y en algún sentido recuperar la política como un instrumento de beneficios comunitarios.
La posición de Argentina en la Cumbre de las Américas fue una hecho organizada, un proceso formal en el que se tuvieron en cuenta todos los factores que constituyen un acto pleno de política nueva. Argentina desarrolló un pensamiento sobre el asunto en cuestión (relación de las economías latinoamericanas con Estados Unidos y posibilidades favorables de comercio), elaboró y divulgó un documento (basado en las necesidades e intereses locales), argumentó en su favor y lo comunicó públicamente. Lo que irritó de ese episodio fue que no respondió a lo que se considera el canon profesional de la política internacional; y mucho menos a la tradición instaurada en los años noventa por el canciller Guido Di Tella, quien, como sabemos, empleó su ingenio con una versión de mal gusto acerca de qué tipo de relaciones había que tener con los Estados Unidos (la ocurrencia de las “relaciones carnales” fue graciosa pero sobre todo verdadera). Acostumbrados a las posiciones endebles, indolentes y más bien permisivas de la Argentina en los últimos veinte años, la firmeza de Kirchner en Mar de Plata cayó mal. Sus detractores hubieran preferido permanecer dentro de la costumbre del país-anfitrión/país-bufón.
El “caso Mar del Plata” es un demostración de esa reunión entre política y sociedad, y entre acto y discurso. Porque, en forma simultánea, tuvieron lugar una posición política (la defensa de lo que, en conjunto, podemos llamar soberanía) y una posición personal (la del Presidente comprendiendo su responsabilidad). Kirchner funcionó operativamente como un hombre de Estado convertido en un intelectual, muy en sintonía con la idea, clásica y moderna al mismo tiempo, sostenida por Alain Badiou: “El intelectual debe ser un militante de la verdad, un combatiente. Tenemos que incorporarnos al devenir paradójico y violento de las verdades”. El “nosotros” que habla en Baidou no termina, para mí, en la concepción tradicional del intelectual como un sujeto situado afuera de las decisiones colectivas o republicanas. Hay una necesidad de que en el campo de la política -dentro del campo de la política-, un legislador, un gobernador o hasta un Presidente tengan el carácter de un intelectual “incorporado al devenir paradójico y violento de las verdades”.
También pueden notarse otro cambios, pero esta vez en un nivel global y en relación a las sociedades más que a los funcionarios. La idea de que en los últimos años se ha ido sustituyendo el concepto de “pueblo” por los de “multitud” -como lo llama ahora una corriente del nuevo pensamiento italiano-; y la intervención de fuerzas antiglobalización más o menos organizadas, presente tanto en Mar del Plata como en Génova, en Seattle como en Vancouver, pero consideradas parte de lo que a esta altura es visto como un movimiento desterritorializado y un poco snob, como la refiere Slavoj Zizek en su ensayo La revolución blanda (Atuel, 2004), no hacen más que reforzar la necesidad de consolidar el trabajo legislativo en todo lo que tiene de recurso instrumental para ser receptivo, en su ejercicio, de las necesidades locales y regionales, demandas que el revolucionario global muchas veces ignora porque ve en todos lados el mismo problema, que no es imaginario pero que no puede ser enfrentado así, a menos que se busque producir menos un cambio que un espectáculo de resistencia. El legislador local, provincial o nacional debería tener, además de una competencia directa sobre sus asuntos, un conocimiento de campo sobre los problemas en los que debe intervenir. Es una cuestión de horizontes, y el horizontes del legislador debe estar determinado por las necesidades inherentes a su geografía pero también por la observación de un conjunto amplio de acontecimientos más allá de ese horizonte, donde se sitúan los sistemas de referencias internacionales que muchas veces afectan el universo local (hemos visto muchas veces, desde el crack de 1930, cómo se dispersan las catástrofes de la economía).
En cuanto a nuestra región, la provincia de Buenos Aires, deberíamos hacer en principio algunas observaciones de tipo técnico. ¿Qué es la provincia de Buenos Aires? No es sólo un ejercicio retórico hacerse esta pregunta, sobre todo porque nos pone en la obligación de recordar qué cosa es el lugar donde vivimos. Haciendo un ejercicio de descripción fulminante, podríamos referir, brevemente, que Buenos Aires es un territorio inmenso que reúne campo y ciudad; y no cualquier campo y cualquier ciudad, sino un campo que podría ser Mississippi y ciudades que son San Pablo o el DF mexicano. El arco social y económico de la provincia de Buenos Aires va del niño desnutrido y analfabeto al terrateniente exportador que vive una vida de magnate. ¿Cuál sería el problema de presentar estos casos de manera brutal si se presentan de manera brutal? La complejidad de la provincia de Buenos Aires está hecha de estos matices abismales, sobre los que los legisladores debemos intervenir. Y aquí me gustaría detenerme en lo que podríamos llamar “el proceso legislativo”. Todo comienza, creo, en el precepto constitucional de proveer al bien común, una divisa olvidada en los años noventa. Ese principio no es un cliché sino una frase fundante de nuestra organización republicana que debería funcionar como una memoria, a partir de la cual construir dispositivos legales y adoptar medidas políticas para dar respuesta a ese compromiso que es de todos los funcionario pero también de todos los ciudadanos (no habría que olvidar lo segundo en función de recordar siempre lo primero).
El proceso legislativo, al que me gustaría referirme, implica tener presente -diría que de un modo obsesivo- el componente social o socializante de la Constitución Nacional, sobre todo porque hay que tener un punto de partida que no sea imaginario; y además porque ese punto de partida surge de un sistema de postulaciones que sostienen los propósitos originales de la Nación. Es decir que no sólo es un recuerdo de la formación institucional de la Argentina -no se trata de un museo escrito-, sino que es, sin duda, una declaración política y una cuenta pendiente del Estado con la sociedad. Norberto Bobbio, un emblema de la política como actividad del pensamiento más que de la práctica, ha planteado algunas combinaciones elementales sobre qué debe obtener -qué reclama y qué tolera- la sociedad de hoy vista a la luz del transcurso de la historia. Existirían tres combinaciones ideológicas permitidas por el sistema democrático: libertad con igualdad, igualdad sin libertad y libertad sin igualdad. En los años noventa hemos vivido de un modo casi fanático el tercer caso, pero hoy estamos viviendo -construyendo- el primero.
Los años noventa -y esto que parece una obsesión es, en realidad, una revisión estadística- produjo una sociedad nueva -más pobre, más deprimida- pero entretanto la iba produciendo la iba apartando también del paisaje social. Ese fue el gran pecado menemista: negar el fenómeno hasta que alguien lo viera Mientras tanto, el menemismo sólo miraba los tan promocionados espectáculos de prosperidad. El sociólogo argentino Gabriel Kessler ha publicado un trabajo sobre la inseguridad en la Argentina, algo que no define como un hecho meramente local sino que lo asocia con cierta tendencia mundial surgida luego de la crisis laboral postfordista. Tomando solamente el caso de la ciudad de Buenos Aires -y hay lugares en la provincia donde esas cifras son superiores-, refiere que entre 1990 y 1999, los delitos cada 100.000 habitantes aumentaron de 2.046 a 6.301, más de un 200%, según datos oficiales. Pero hay otros datos que son los más significativos, y que funcionan como un lamentable efecto de los años de la falsa gloria ultraliberal: la población victimaria es en un 90% joven y masculina (el 20% de las penas dictadas se concentró en jóvenes de entre 18 y 20 años). Son jóvenes “jugados”, una paradoja que invierte un tópico del lenguaje (“estar jugado” había sido, hasta ahora, un comentario adulto). Tenemos que legislar a favor de ese país nuevo, hecho de millones de jóvenes desorientados por la responsabilidad de la indolencia estatal.
Pero no se puede legislar en este marco social sin obligarnos a respetar “el proceso”, que surge del deber constitucional, sí, pero que continua con una preocupación por el conocimiento, un pensamiento que rescate la idea de la política como una filosofía aplicada -y no meramente una práctica de emergencias-, el primer postulado de Bobbio -que es una insistencia sobre nuestro deber republicano- y la restauración del Poder Legislativo como un artefacto al servicio del bienestar general. Estamos obligados a saber, a investigar y a decidir modos de intervención más inteligentes y menos auxiliares que los de los años noventa, cuando parecía que la Argentina era un país sin problemas (en realidad, era el país del no problem). Este proceso debe ser cuidadoso, especializado y amplio; contrario a cierta costumbre de resolver de un modo histérico cuestiones delicadas. Las cuestiones delicadas exigen tratamientos delicados, y las cuestiones profundas exigen profundizar sobre la materia que se trata.
Creo que es de buen legislador no dejarse influenciar por una agenda que a veces tienen más que ver con la moda de la política que con las crisis y calamidades locales sobre las que se tiene una responsabilidad. La importación de ideas o soluciones deben relativizarse, no -por supuesto- por consideraciones chauvinistas (bueno sería poder importar una solución masiva a nuestros problemas) sino porque el compromiso del legislador debe responder a un principio de realidad local. Entre los delirios menemistas-alsogarayistas de los años noventa, se ganó un puesto privilegiado en el ranking de disparates el proyecto del aeropuerto sobre el Río de la Plata (¡cómo en Japón!) y, por supuesto, el anuncio de Menem sobre la inminencia de llegar en pocos minutos ¡también a Japón! con un dispositivo de traslado que entraría en la estratosfera, sin especificar ningún otro detalle técnico. La política como actitud verneana (como emulación de las proezas futuristas de Julio Verne) termina siendo un papelón pero sobre todo una irresponsabilidad que persigue la negación de la identidad propia (y el sueño de ser japoneses). Esos delirios son privativos del deseo algo enfermizo del bienestar permanente -cada vez más insatisfecho- que busca la sociedad de la abundancia. Es un nuevo virus que el menemismo deseó importar de las sociedades del confort sin reparar en qué tipo de marco iba a darse esa importación (o ese injerto). Es cierto que ninguna sociedad debe renunciar al confort, pero tampoco debe pensar que es a lo único a lo que no debe renunciar. Ese malentendido acerca de la necesidad colectiva desplazó la idea de la justicia como bien social a cambio de la presencia del confort como bien individual desconectado del conjunto (por alguna razón los estudios sobre cultura plantean la aparición de la clasutrofilia como aliada del confort y la despreocupación colectiva). Y sin embargo, esa fiebre, que formó parte de la cultura argentina de los años noventa está desapareciendo como patrón cultural, auque persista como síntoma de clase identificado en lo que el novelista francés Michel Houllebecq considera una depresión de época que obedece a un alto nivel de expectativa social a la que nunca se le alcanza a dar una respuesta.
Sin embargo, los problemas sobre los que hay que legislar son los relacionados con la justicia, la pobreza y la cultura, asuntos relacionados con la reconstrucción de la calidad institucional que comenzó en al año 2003. Esos patrones deben orientar nuestra tarea en las cámaras. Para ilustrar conceptualmente y en general estas necesidades legislativas históricas me gustaría referirme a una entrevista realizada a la senadora Cristina Fernández de Kirchner en enero de 2005 y publicada por la revista semanal de El País, de Madrid. Refiriéndose a la caída del año 2001, la senadora Fernández de Kirchner dice: “la debacle económica estuvo acompañada por la impunidad; la sensación de que alguien puede violar la ley, matar, robar, hacer desaparecer, torturar y que no le pase nada. La gente llegó a pensar que la defensa de los valores de los derechos humanos tenía que ver con las izquierdas y no que eran una cuestión de humanidad, y en ese campo Argentina se fue degradando económicamente, moralmente, socialmente y terminó eclosionando”. Luego agrega que todo comenzó el 24 de marzo de 1976 (no después) y que ese momento histórico traumático hizo a la sociedad argentina “como es”. Pero hay una frase de la entrevista que funciona como un regreso imprescindible a los principios constitucionales olvidados: “La reconstrucción democrática hace imprescindible el fin de la impunidad”. Curiosamente, impunidad es una palabra que designa los años setenta en relación al terrorismo de Estado; pero también es la que refiere la cultura de los años noventa como elemento responsable de la catástrofe económica de 2001. El descenso argentino de los últimos treinta años obedece a una abundancia de impunidad en todos los campos: social, cultural, económico y político; y contra esa tradición debemos legislar.
Dicho así pareciera que estamos atrasados y en cierto sentido lo estamos. Pero la referencia que hay que tomar para medir este retraso es el recuerdo de los años en que parecíamos adelantados, lo cual era simplemente que la política se pensaba no como un proceso sino como un milagro. Hay una preciosa frase de Hegel: “el búho de Minerva emprende el vuelo recién al atardecer”. Es una metáfora sobre la sabiduría: hay que volar cuando se puede, no hacer como que volamos. Ese atardecer metafórico de Hegel es, en realidad, un amanecer del conocimiento, la identidad y la decisión de tener un país que no esté gobernado por lunáticos. La democracia actual -de la cual las legislaturas son el primer eslabón de la construcción republicana- debe establecer relaciones directas y plenas con los fenómenos de necesidad que surgen de la población, y también con el lenguaje que los comunica culturalmente. Habría que regresar a la democracia en el sentido más helénico del término (el respeto a la etimología siempre produce una relación profunda con las cosas), en desmedro de eso que Giovanni Sartori llama -como la llamó Bobbio- la videocracia. El vínculo resquebrajado entre política y pensamiento le dio paso, en los último años, al imperio de la política espectáculo, una manía teatral que debe ser reemplazada por una forma diferente. A la imagen -muchas veces hueca- hay que oponerle el argumento; al cliché politiquero, la verdad verbal.
Me gustaría aclarar mi pensamiento acerca de lo que hoy se llama “nueva política”. Espero no confundirlos, pero para mí la nueva política consiste, sin duda, en volver a ejercitar de una manera noble la política vieja, en el sentido de clásica y antigua. La política sale de la filosofía, una fuente de inspiración que no fue muy apreciada entre 1976 y 2003 (salvo algunas excepciones, fue despreciada). La moral, el estilo retórico, la transmisión clara de las ideas, son elementos que deberían volver a orbitar alrededor de la práctica política entendida como una vocación de alcances sociales y no como una actividad narcisista concebida para construir famas y prestigios personales.
Desde 2003 vemos en la Argentina un rumbo que apunta a una dirección contraria al retiro estatal de los campos donde se dirimen las culturas locales y las políticas públicas. Paradójicamente se trata de regresiones muy contemporáneas, incluso modernas. Episodios como el que advirtió el antropólogo Néstor García Canclini, acerca del desinterés por parte del gobierno de México -vocero del ALCA en la cumbre de Mar del Plata- en administrar su cultura, con amenazas de cerrar organismos de producción artística locales, es un síntoma de cómo las cosas ya no funcionan en la Argentina. La impresión que tengo es que volvimos a depositar toda la confianza en nuestro gentilicio. Para decirlo de otro modo: la legislación debe ser un producto genuino, necesario y presente de la Argentina nueva.

Texto fundacional del Frente para la Victoria de la provincia de Buenos Aires, leído por Juan José Amondarain el 4 de marzo de 2005 en el teatro Coliseo de La Plata


La Argentina de hoy es protagonista de un movimiento de recuperación económica, reparación social y legitimación política que es valorado en todo el mundo.
El esfuerzo de nuestro pueblo para abandonar las políticas neo-liberales, enfrentar a la economía internacional más rapaz y apartar del poder político a las cúpulas del privilegio ha comenzado de un modo auspicioso.
Vivimos un momento clave. Hace pocas horas, el presidente Kirchner anunció el exitoso canje de la deuda: una victoria para la mayoría de los argentinos y un gran paso para recuperar la credibilidad internacional que habíamos perdido.
La participación decidida en el Mercosur, los sólidos acuerdos con los gobiernos populares de América Latina, el respaldo a la producción nacional del campo y la ciudad marcan un camino definido hacia la construcción de una Argentina sin contratos exclusivos.
Esta situación se da en un nuevo escenario, pero también responde a la tradición peronista de apego a la justicia social y a la soberanía, una línea compartida por grandes sectores que no pertenecen directamente a nuestro movimiento y, sin embargo, sienten suyas las transformaciones de la nueva Argentina.

Después del derrumbe, nuestro país fue recuperado por un trabajo sostenido y complejo de restauración institucional, del que el presidente Kirchner fue su celoso arquitecto y vigía. Hoy volvemos a ser ciudadanos amparados por el derecho, y es de esa decisión inicial de que la Argentina vuelva a ser una República que surgen los progresos que vemos en la economía y en la sociedad.

En nuestra provincia de Buenos Aires hay una correspondencia íntima con esos nuevos vientos nacionales, encabezada por el gobernador Felipe Solá quién, en el momento más crítico de la historia bonaerense, asumió sin reservas ni excusas la responsabilidad que le tocaba y enderezó el timón de una nave que navegaba segura hacia el naufragio.

Nuestra militancia y nuestra identidad son peronistas. Pero tenemos una relación humana, no automática, con esos valores. Nuestras contradicciones, limitaciones y dificultades son parte de una misma lucha a favor del disenso interno, la razón y la lógica de una práctica política que tiene el deber de argumentar frente a la sociedad. Nuestra vocación es popular y democrática.

La ruptura entre la sociedad civil y la política, la separación dramática entre la gente y sus representantes, no ha concluido.
Debemos dar respuesta a esos reclamos que esperan de nosotros una reforma política, porque solamente legitimando las instituciones podremos salir de la crisis. Las instituciones no son patrimonio de la “clase política”, son herramientas ciudadanas que deben ser empleadas para satisfacer las demandas de la gente con actos de gobierno rápidos, justos y eficaces. De lo contrario son parodias de instituciones, agentes de demora burocrática y cáscara sin contenido.

Los senadores y diputados que respaldamos la transparencia de los actos de gobierno nos oponemos a convertir los asuntos partidarios en cuestiones de Estado: ese tic de la vieja política daña las instituciones. Estamos comprometidos verdaderamente con nuestra obligación de mejorar la calidad institucional, y no vamos a apartarnos de este proceso encabezado por el presidente Kirchner y el gobernador Solá.

Por estas razones hoy hemos construido un espacio que defienda estas ideas en los actos. Hemos buscado con empeño construir acuerdos con nuestros compañeros en la Legislatura. Ha sido un trabajo infructuoso. Quisimos situar el debate en el escenario público y discutir allí cada cosa en función del bien común de los bonaerense y no de las apetencias personales sin ton ni son. Pero no tuvimos éxito: el debate fue un triste espectáculo de excesos donde no pudimos escuchar ideas.

Por estas razones hemos tomado la decisión de constituirnos como bloques, y asumir como Frente Peronista para la Victoria (FPV) la mejor tradición de nuestro Movimiento, uniendo la lealtad a la rebelión y la identidad partidaria a la eficacia. Vamos a ser las voces parlamentarias que defiendan la gestión del gobernador y compañero Felipe Solá, a quien apoyaremos en todo lo que tenga razón y justicia. Nuestros proyectos son transformar la política, modernizar el Estado, luchar contra la pobreza, crear empleo. Son proyectos de conjunto, porque tanto él gobernador Solá como nosotros fuimos elegidos por la misma decisión popular y la misma demanda de justicia. No queremos, no debemos y no vamos a romper ese contrato electoral, que es un pacto de políticos con su pueblo, no de políticos con políticos.
No nos gusta la política dualista. El dualismo consiste en tener una retórica que responda a las necesidades electorales de hoy mientras se hace política como antes del 2001. Nosotros creemos que en la nueva Argentina hay que hacerle honor con los hechos a la política que se empeña con la palabra.



Estos son nuestros objetivos. Por estas ideas vamos a trabajar junto a los compañeros de toda la provincia que quieren que el peronismo camine por éste rumbo sin temores, junto a las mujeres y los hombres de cualquier otra identidad política que crean que esta es también su lucha. Nos comprometemos con ellos a no defraudar sus expectativas.

En 1946, en otra circunstancia histórica, el general Juan Domingo Perón definió la disyuntiva política de entonces como “ un partido de campeonato entre la democracia y la injusticia”. Entonces, triunfó la primera. Hoy tenemos la certeza de que la democracia, la justicia social y la República son parte una misma materia que debemos defender.

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